Justicia por Nancy Godoy
Ni una escuela vacía más, ni una docente menos.
Hace poco más de una semana recibimos la noticia más indeseable sobre la desaparición de la compañera Nancy Godoy: el hallazgo de su cuerpo sin vida.
Previo a esto, por fuera de la comunidad docente del país poco se sabía del caso. En Buenos Aires, por ejemplo, apenas horas antes de la lamentable noticia, SUTEBA Multicolor había anunciado un paro exigiendo la aparición con vida. Fue recién el día siguiente, jueves 29 de Octubre, que CTERA convocó a un Paro Nacional exigiendo justicia.
Es difícil pero urgente, como ejercicio de ciudadanía y toma de conciencia, enumerar los actores de este entramado del horror que no le falló únicamente a la comunidad educativa, sino a todos.
De no haber ocurrido este crimen, ¿qué tanto sabríamos del estado de abandono y desidia que sufren las escuelas rurales a lo largo y ancho del país? ¿Qué tanto sabríamos de establecimientos de personal único, donde una trabajadora debe ejercer bajo el pago de un único salario el rol de directivo, docente, auxiliar y cocinera?
Mediáticamente, de forma periódica, se nos cuentan las peripecias que una docente debe realizar para poder ejercer su trabajo: horas de caminar, hacer dedo, andar a caballo e incluso quedarse semanas enteras en la escuela por la imposibilidad de volver a su casa luego de cada jornada. Y lejos de acompañar estas crónicas de un pedido de cambio en las políticas públicas, la romantización es sistemática: aquel que padece, exponiendo su vida, el ir a trabajar es quien verdaderamente tiene vocación docente y es valorado. No el que exige un salario digno, no el que protesta por mejorar las condiciones edilicias de las escuelas, no quien denuncia la desnutrición y la extrema pobreza que sufren día a día los estudiantes y sus familias.
El acceso democrático es un pilar fundamental de la educación en nuestro país, ¿cómo es posible que durante más de dos años la Escuela N°626 del paraje El Malezal haya permanecido en completo abandono? La respuesta es evidente: el Estado provincial es responsable. Funcionarios desde el primero al último, desde el Ministerio hasta aquel Director asignado previo a la toma de cargo de Nancy, privaron ilegítimamente a hijos e hijas de peones de la estancia El Curupí de su derecho a acceder a una educación digna. No es difícil entender el mensaje implícito en esto: según el manejo del Estado, un hijo o hija de peones pareciera no merecer el acceso a la educación, a formarse ni apropiarse de derechos básicos.
Los entramados de poder acá se complejizan enormemente. Cuando el Estado está ausente, son otros quienes ejercen el poder real en los territorios. Hoy nos encontramos frente a 5 detenidos por este crimen que deben ser debidamente juzgados y condenados si la Justicia así lo considera, y esto es de público conocimiento y no consideramos pertinente poner el foco ahí, pero no deja de estar la pesada sensación o certeza de que ellos no son más que la cara visible de algo mucho más complejo y grave. Es ingenuo no pensar en que, pocos días antes de su desaparición, Nancy había denunciado las múltiples irregularidades en las que debía trabajar. ¿En qué nivel de vulnerabilidad quedan quienes accionan frente a las injusticias?
Y si de entramados complejos hablamos, debemos nombrar lo evidente: Nancy era una trabajadora mujer en un completo estado de exposición. Ella, como muchas docentes de este país, no era dueña de decidir cómo, cuándo y con quién ir o dejar su lugar de trabajo porque se le exigían traslados y caminos que ella desconocía, y que la hacían depender pura y exclusivamente de la intervención de terceros. Terceros que en el mejor de los casos son colaboradores, y en el peor, está a la vista.
La efervescencia de la cobertura de los medios de comunicación a nivel "nacional" fue efímera, pero brutal. Es habitual que tomen relevancia solo aquellos casos extremos. Los móviles televisivos van al lugar de los hechos, vacían de testimonios a las familias, los vecinos, las colegas; y en cuanto la noticia pierde su "impacto", desaparecen. El punto acá es que no hablamos de un "caso", hablamos de sujetos que ven su vida y la de sus familias ultrajadas por el amarillismo. La revictimización que sufrió Nancy fue insidiosa y violenta: en cualquier medio, en cualquier horario, se procuraba dar los detalles más íntimos, y aparecía una especie de competencia por quién tenía el dato más escabroso. Que esto sea habitual no quiere decir que debamos naturalizarlo. Reproducir estos discursos no hace más que seguir vulnerando la memoria de la compañera, y continúa corriendo el foco de lo verdaderamente importante.
A pesar de las exigencias de Docentes Autoconvocados Corrientes y otros organismos que nuclean a los educadores de la provincia, no hubo ninguna renuncia de peso (considerando que se exigía la renuncia de diferentes funcionarios, entre ellos de la ministra de Educación Ana Miño). Incluso, denunciaron en las últimas horas que Edith Sánchez, supervisora de la Escuela N°626, a quien Nancy elevó el acta donde detallaba las irregularidades de la escuela, impulsó un relevamiento a través de un grupo de WhatsApp, utilizando Formularios de Google, para que las directoras de las escuelas rurales indiquen si sus instituciones a cargo contaban con electricidad, agua potable o auxiliares. ¿Cómo es posible (volvemos al principio) que estemos al mes de noviembre y se intente hacer este relevamiento?
El femicidio de Nancy ha generado heridas inmensas que apenas empezamos a dilucidar. Directoras rurales de la provincia crearon grupos de WhatsApp bajo la urgencia de cuidarse entre ellas, porque a las claras, nadie vela por su seguridad.
El recuerdo de Nancy no debe convertirse en una efeméride trágica, sino en la chispa que reavive la llama de la lucha por condiciones de trabajo dignas. Ni una escuela vacía más, ni una docente menos.