Sindicalismo y educación
El 1er Coloquio Federal de Educatopía: Sindicalismo y Educación en la Argentina del siglo XXI, fue un encuentro virtual cuyo registro quedó disponible en nuestro canal de YouTube. Tres dirigentes gremiales de tres puntos del país, una de la universidad, otra de la Patagonia y otra del noreste, conversaron sobre salarios, licencias, reformas y huelgas. Lo que siguió fue un intercambio y un mapa compartido: tres geografías distintas dibujando, con datos propios, la misma crisis.
La crisis educativa como cuestión estructural
La crisis educativa que atraviesa el país, planteó Jazmín Ága -moderadora del coloquio-, no es coyuntural sino estructural, y se expresa en dos planos que se retroalimentan: las condiciones materiales de la enseñanza y la disputa simbólica por el sentido de la escuela pública. Esa doble lectura —lo que falta en las aulas y lo que se dice sobre ellas— fue el hilo que ordenó toda la conversación posterior.
El foco de esta primera edición estaba puesto en la representación gremial y en sus tensiones. Para abordarlas, Jazmín presentó a las invitadas. Clara Chevalier es secretaria general de CONADU (Confederación Nacional de Docentes Universitarios), docente investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y, según su propio Instagram, “una persona en situación de docencia”, definición con la que la moderadora dijo identificarse. Laura Ortiz es secretaria general de UnTER (Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro), y referente de un proceso de recambio histórico en la conducción gremial de su provincia; asumió hace poco. Por último Soledad Effenberger dirige el Sindicato de Educadores del Chaco (SECH) y aportaría una perspectiva de resistencia desde el noreste argentino.
La estructura prevista contemplaba dos bloques, con prioridad para el primero por una cuestión de tiempo. La primera pregunta fue deliberadamente amplia: ¿cuál es la situación más crítica que enfrenta el sistema educativo en sus respectivas provincias? Clara fue la primera en responder y empezó por una precisión: no tenía una representación provincial sino de nivel, de modo que hablaría del universo universitario, que incluye docentes de pregrado, grado y posgrado, extensionistas e investigadores, y también las escuelas secundarias y los jardines maternales que dependen de las universidades. Las tres respuestas que siguieron coincidieron en el punto de partida, el salario, pero ninguna se quedó ahí. Como se vería a lo largo de la tarde, la crisis tenía capas, y cada dirigente fue levantando una distinta.
Asfixia salarial y ajuste presupuestario
Si hubo un dato que atravesó el coloquio de punta a punta, fue el del salario. Clara Chevalier lo planteó con una frase que no dejó margen: se trata de “una pérdida salarial que es inédita”, y agregó que “nunca tuvimos salarios tan bajos como los que tenemos ahora ni siquiera en el 2001”. Para volverlo concreto ofreció dos cifras. La mayoría de los docentes universitarios cobra, desde hace un año y en forma congelada, 250.000 pesos; ella misma, por su trabajo en la UBA, percibe menos, alrededor de 240.000, porque allí la retención es mayor. La segunda cifra fue la del tiempo: desde que asumió el gobierno de Javier Milei, dijo, “nos lleva comido siete salarios”, es decir, el equivalente a siete sueldos que no se pagaron por toda la pérdida acumulada.
La deuda del Estado con las universidades no se agotaba en las paritarias. Clara recordó que el gobierno nacional incumple una ley de financiamiento universitario que fue aprobada seis veces por el Congreso y sostenida por el Poder Judicial, y que el Poder Ejecutivo desconoce “en qué marco institucional” lo hace; al momento del coloquio, el incumplimiento iba por el quinto mes. Y puso el cuerpo en el relato: sus compañeros, contó, están “haciendo Uber”, están endeudados, y ella misma había terminado el año anterior “recontraendeudada”. Los dirigentes universitarios, observó, a menudo son presentados como quienes eligen ir a la lucha, cuando es el Ejecutivo el que ataca la sostenibilidad de las cursadas.
Laura Ortiz trasladó la misma lógica a la Patagonia. Cuando se le pidió que eligiera cuál era, después del salario, la segunda problemática, respondió que se le hacía difícil, porque “todo lo otro tiene que ver con lo salarial también”. En Río Negro, explicó, los docentes perciben hoy el mismo salario que en septiembre de 2025, sin ninguna modificación, y aquel salario ya no era acorde a las necesidades de entonces. El resultado, describió, son cientos y cientos de compañeros por debajo de la línea de pobreza, y un sindicato que atiende casos legales de docentes que cobran cero pesos por la cantidad de préstamos que debieron acarrear, ya sea para comer o para atender su salud. Sobre la propuesta del gobierno provincial, remarcó que no se condice con lo que el gremio viene exigiendo desde diciembre, mes en que reclamó, sin éxito, que se convocara a paritaria. Y señaló un efecto en cadena: la falta de presupuesto educativo, dijo, “recae sobre los bolsillos de quienes estamos en las escuelas enseñando”.
Laura sumó una nota política. Mencionó que “saltó” lo que el gremio venía denunciando sobre las cifras de inflación oficiales, una realidad que los docentes padecían a diario “en el supermercado”, al pagar el impuesto o el alquiler, y que hoy quedaba expuesta como una “falsa realidad” sostenida por los gobiernos nacional y provincial. Soledad Effenberger coincidió y fue más específica: recordó la renuncia del secretario a cargo de las estadísticas, ocurrida pocos días antes, que según interpretó se produjo para no dar los datos reales.
El aporte más detallado del bloque salarial llegó desde el Chaco. Soledad sostuvo que la primera condición de cualquier trabajador es tener un salario digno, y que a lo largo del país los de los docentes son “de pobreza”: no hay provincia, dijo, donde ganen contra la inflación. Para ilustrar lo que se pierde cuando no hay herramientas, contó la historia de la cláusula gatillo trimestral. Tras los salarios “de hambre” de 2018 y 2019, la docencia chaqueña tomó las rutas en una lucha masiva y obtuvo un mecanismo que actualizaba automáticamente el sueldo cada tres meses. Se cobró durante siete años consecutivos, y en un solo trimestre del año antepasado llegó a significar un aumento del 50%. Pero el último cobro fue en el primer trimestre del año anterior: el gobernador decidió no pagarla más porque, “en teoría”, no hay plata. Desde entonces, estimó, el ingreso docente acumula una pérdida cercana al 30%, con apenas un 3% ofrecido para el inicio de clases. A su juicio, la eliminación de la cláusula responde a una orientación nacional, porque su existencia era “mojarle la oreja” a otras provincias. De ahí su insistencia en la importancia de una paritaria nacional definida: sin ella, cada provincia hace lo que quiere.
Soledad explicó también cómo opera el ítem “Aula”, la compensación que reemplazó la pérdida del FONID y de los fondos de conectividad. No es una compensación plena, advirtió, porque se pierde si se hace huelga o si se toma determinada licencia: en la práctica, resumió, “andaba con el brazo roto la pierna rota y andá a trabajar para cobrar unos míseros pesos”. Los montos en negro, agregó, tienen un costo a la larga porque condicionan la capacidad de luchar. Y recordó que el régimen previsional chaqueño garantiza un 82% móvil real tras 28 años de servicio, una conquista que, sostuvo, intentaron erosionar.
Fue también Soledad quien llevó el debate del reclamo al método. Junto con otros sindicatos y referentes agrupados en un espacio llamado Congreso Pedagógico, contó, aprendieron de la Federación de Aceiteros cómo se construye un salario mínimo vital y móvil desde el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que enumera lo que debe garantizarse a cualquier trabajador. Con la consultora El Mate, tomaron las nueve necesidades básicas —vestimenta, educación de calidad, esparcimiento, vivienda, transporte, entre otras— y las costearon, incluso usando los datos del INDEC “para no contradecir a este gobierno”. La conclusión fue una cifra: el salario mínimo vital y móvil docente debería ubicarse entre 2.400.000 y 2.600.000 pesos, variable según el costo de vida de cada región. Recordó que alrededor del 80% de los docentes del país no tiene vivienda propia. Y planteó, como horizonte: lo que durante años pareció inconcebible para los aceiteros se hizo concebible; “¿por qué no lo podemos hacer concebible nosotros, los docentes de la República Argentina?”. Jazmín añadió un matíz de peso: ese monto, dijo, debería corresponder a un solo turno, con el trabajo en casa también reconocido.
La embestida sobre las condiciones laborales y la demonización social
La segunda pregunta corrió el eje del bolsillo a la cotidianidad: ¿cómo impacta, además del contexto económico, el “vapuleo” de la figura docente en el trabajo diario? Allí la conversación se volvió más áspera, y más reveladora de la dimensión simbólica de la crisis que Jazmín había anunciado al comienzo.
Laura Ortiz describió un sistema educativo al que cada vez se le delegan más demandas sociales. La alimentación, la contención emocional y el acompañamiento de situaciones de vulnerabilidad recaen sobre los docentes, explicó, y esa sobrecarga, que viene de hace mucho, “se termina dejando de lado lo pedagógico”. Lo que el Estado no atiende y la familia no puede contener, dijo, termina en la escuela. Y desde allí el gobierno apunta contra quien sostiene esa tarea: el docente que es “vago”, que no quiere estar en las escuelas, que hace paro y reclama todo el tiempo. Lo que no cuenta, señaló, es que hay escuelas cerradas, sin posibilidad de dictar clases, por problemas de gas o de electricidad. Según su análisis, el relato ha sido vendido con tanta eficacia que la sociedad se lo ha creído, y ese es uno de los problemas centrales: los docentes dan esta pelea “de manera aislada”, en soledad, cuando lo que está en juego es la educación de las infancias y adolescencias. De ahí su llamado a visibilizar la realidad y a articular con las familias, las comunidades educativas y otras organizaciones. “Nos atacan de todos lados”, resumió, y la sensación es la de “un golpe tras otro”.
En Río Negro, ese ataque tiene un instrumento preciso: las licencias. Laura explicó que el gobierno provincial impuso un sistema de auditorías médicas privadas que, por un lado, atenta contra la salud, porque dificulta el acceso a tratamientos y cuidados que antes estaban cubiertos por el régimen de licencias, y por otro permite avanzar con descuentos, porque esas auditorías no aprueban las licencias otorgadas por los profesionales tratantes. El efecto es doble: se obliga a trabajar en situaciones que no corresponden, de enfermedad propia o de atención de familiares, y se suman descuentos sobre un salario ya insuficiente. A eso se agrega la crisis de la obra social provincial IPROS, que describió en franca decadencia, con menor cobertura y costos tan altos que casi no hay diferencia con quienes no tienen obra social.
Soledad Effenberger contó que en el Chaco el mismo mecanismo se despliega por otras vías. El gobierno intenta hacer creer a la sociedad, dijo, que los problemas de la caja de la provincia son culpa de las licencias que toman los docentes, y que se los acusa de ser “culpables de enfermarnos”, cuando la licencia es un derecho adquirido: “teníamos derecho a enfermarnos”. Intentaron también, agregó, atacar la caja previsional y la obra social, que se gestiona en conjunto. Un día antes del coloquio, contó, el Poder Ejecutivo había enviado a la Cámara de Diputados un anteproyecto que propone que las licencias gremiales dejen de ser pagadas por el Estado y pasen a ser sin goce de haberes. Para Soledad, el daño es múltiple: perjudica el derecho a luchar y a ejercer la representación gremial, pero además abre una puerta peligrosa, porque tocar una licencia es tocar el estatuto docente, que incluye otras licencias, los concursos anuales en todos los niveles y una ley de estabilidad laboral elaborada en mesas técnicas junto a los sindicatos.
Jazmín puso nombre a lo que se estaba describiendo. Hay, planteó, una estrategia de demonización de los docentes en lo social que valida toda la violencia ejercida sobre ellos, desde la participación gremial hasta la figura del docente en general. Y propuso conectar esa realidad cotidiana con el borrador de la ley de libertad educativa que el gobierno nacional hacía circular.
Soledad, con una autocrítica que no se esperaba, admitió que “nos falta hacer docencia”: muchas veces los propios trabajadores no logran explicar a la sociedad, ni siquiera a sus pares, lo que está en juego en una reforma. Reconoció, por ejemplo, que como estatal pensó que la reforma laboral no le tocaba “de lleno”, y que enseguida entendió lo contrario: “la reforma viene por nosotros también”, con la intención de establecer la educación como servicio esencial. A eso sumó la pérdida de 17 programas a nivel nacional y provincial, que no solo impactaban en el salario sino en la infraestructura y en el derecho de los alumnos a la conectividad, a una computadora, a una mochila.
Laura sostuvo una lectura política de la secuencia. El gobierno “no fue nada inocente” al sacar primero la reforma laboral, razonó, porque quitó fuerza a los sindicatos antes de avanzar con una reforma educativa. Esta última, advirtió, busca llevar a la educación a la virtualidad, correr al Estado del lugar de garante y depositar la mayor responsabilidad sobre las familias, desdibujando la tarea docente. Y los discursos de odio contra los sindicatos buscan legitimar ese camino: se instala en la sociedad, dijo, que los sindicatos son lo peor que puede pasar, “cuando nuestra historia demuestra claramente” que fue a través de ellos, de la lucha y la construcción colectiva, que se conquistaron los mayores derechos.
La universidad y la escuela pública como bastiones de lo común
Cuando la palabra volvió a Clara Chevalier, la conversación subió un escalón conceptual. Antes de responder sobre el rol sindical en la universidad y su articulación con el espacio digital, quiso retomar lo dicho por sus compañeras con una imagen: “si hay algo que está bajo asedio en este momento es lo común”.
El neoliberalismo, explicó, tuvo varias líneas de acción eficaces. Una fue la precarización laboral, que fragmentó el mundo del trabajo y sobre la cual se monta hoy la reforma laboral que el gobierno reglamentó. Otra fue la progresiva privatización de ámbitos de la vida: los barrios, la salud, a veces las escuelas. Frente a ese avance, la universidad persiste como un espacio al que todavía asisten todas las clases sociales, y por eso, sostuvo, es también foco de ataque. “¿Cómo construir democracia si las clases sociales no se encuentran en ningún lugar?”, se preguntó. Lo ilustró con una escena que conoce de primera mano: en las aulas públicas convive el hijo de una trabajadora de casas particulares con la hija del empresario que más puestos de trabajo crea, y la experiencia de la universidad pública, a diferencia de la privada, que es “pagar un servicio”, es una que “te transforma la vida”. De esa idea se desprendió una tarea compartida: reconstruir el espacio de encuentro en todos los niveles educativos públicos, y que la sociedad se involucre en sostenerlos, en lugar de verlos como un gasto.
De ahí también salió una definición del sindicalismo que Clara dijo discutir con otros compañeros y compañeras: uno que ponga en el centro el proyecto de país. La cuestión salarial, advirtió, no abarca toda la problemática, y a los sindicatos se los acusa a veces de una mirada meramente corporativa. Ella la reivindicó, aunque no en ese sentido, y rechazó la falsa disyuntiva de elegir entre el docente y el alumno. Si la política tiene dificultades para articular respuestas, concluyó, los sindicatos deben dar esas discusiones.
Sobre el terreno digital, Clara ofreció un análisis matizado y atravesado por su experiencia en una universidad del conurbano. En esa casa de estudios, el 80% del estudiantado es primera generación de universitarios, y la investigación propia mostró que quienes cursaban lejos de la sede central tenían más dificultades para sostener el primer año. La presencia de los cuerpos y el acompañamiento institucional, dijo, producen una propuesta pedagógica distinta de la virtual y posibilidades de inclusión diferenciales. Esa inclusión, además, no es solo cuestión de pasaje: el estudiante que se ahorra el viaje no se ahorra el dispositivo ni la conectividad. Describió la brecha concreta: en el campus, los estudiantes “leen textos con el celular”. Y señaló la tensión de fondo: las plataformas, el Meet, los campus virtuales, la inteligencia artificial, dependen en buena parte de grandes conglomerados tecnológicos, alteran las condiciones objetivas del trabajo docente y plantean una pregunta sobre la desterritorialización de la universidad, con una falta de regulación que no es solo nacional sino global. El desafío, planteó, es alfabetizar, porque la virtualidad es una arena laboral y de disputa cognitiva, y decidir con qué dispositivos y de qué manera insertarse en ella.
Jazmín marcó allí una diferencia de enfoque. Aun aceptando que un celular no alcanza para hacer una carrera universitaria, advirtió que desatender lo digital en favor de lo territorial puede hacer perder foco, porque buena parte de la disputa política con las clases populares se ha perdido en terrenos digitales y los mitos se han instalado allí. Y recordó que, aunque la universidad y la escuela no son el mismo tipo de institución, el fenómeno tiene su correlato en la escuela.
En ese punto el eje se desplazó hacia la educación obligatoria. Soledad Effenberger señaló una asimetría: cuando se atacó a las universidades, la sociedad salió a marchar, pero no ocurrió lo mismo con la escuela pública, que también necesitaba esa defensa. Jazmín retomó la observación y la explicó como parte de una desconexión entre la sociedad y la escuela, alimentada por la demonización y por el desconocimiento de la cotidianidad docente: lo que cuesta, por ejemplo, viajar de una institución a otra. Laura Ortiz agregó que en las escuelas no solo se transmite conocimiento sino que se construye ciudadanía, igualdad y ampliación de derechos, y que ese es un espacio de construcción social que “el único lugar que se da es en las escuelas”. Soledad, por su parte, recordó la experiencia de la pandemia: los docentes reformularon su trabajo en 24 o 48 horas y llegaron a sus alumnos con una hojita, un papel o un dispositivo, y demostraron, dijo, “que la virtualidad no reemplaza lo presencial”. Defendió la escuela pública, además, con una experiencia personal, como madre de un niño de 11 años y de una estudiante de medicina de la UBA, y con una observación afectuosa sobre quienes, ya profesionales, reconocen lo que les dio la escuela pública y salen a defenderla.
Repensar la huelga y la construcción artesanal
La última pregunta de Jazmín interpelaba el método: en un contexto de universidades que no inician el cuatrimestre y de alumnos que reclaman “mi derecho a las clases”, ¿está funcionando la huelga?, ¿un paro hoy cambia el escenario?
Laura Ortiz respondió desde la experiencia reciente de su provincia. Contó que, al definirse el paro de no inicio, repitió en cada medio una idea simple: fue el gobernador quien decidió que las clases no comenzaran con normalidad, porque desde diciembre se le pedía que convocara a paritaria y se negó a dar respuesta. No sabía si ese relato generaba empatía, admitió, pero consideró que había que empezar a instalarlo para no dar más lugar a lo único que se dice, que es lo que dice el gobierno, “porque tiene el aparato para poder hacerlo”. Los propios compañeros, reconoció, debaten en el interior del gremio la estrategia, y muchos sostienen que el paro ya no es el camino. Su respuesta fue que se trata de la única herramienta legal que tienen los trabajadores, y que todo lo conquistado se logró a través de la huelga, la organización colectiva y la calle. Y vinculó el problema a algo anterior: durante un tiempo se descuidó la formación sindical, y quienes ingresaron últimamente al sistema lo hicieron con “la suerte” de gozar de derechos conquistados por otros. La tarea de la nueva conducción, sostuvo, es volver a hacerles creer a los compañeros que el sindicato es su herramienta de lucha, y que solo lo será si cada uno se pone como protagonista. “Si no hay compañeros sosteniendo, no hay plan de lucha que valga”, resumió. El paro, aclaró, no es el único objetivo del sindicato; primero están la construcción colectiva y el reclamo, pero cuando no alcanzan el diálogo ni la exigencia, es el mismo gobierno el que empuja a usar esa herramienta.
Laura insistió, además, en la responsabilidad de las centrales nacionales. Contó que había planteado en el Congreso de CTERA que la pelea no puede darse de manera aislada en cada provincia y que hace falta articulación para denunciar y estar en las calles. “Lamentablemente no se condice lo que dicen con lo que están haciendo”, afirmó de las conducciones nacionales, que describen públicamente la misma realidad que ella.
Soledad Effenberger, en la misma línea, definió la huelga como un derecho que está agotado en todas sus instancias, pero precisó que un día de paro “no basta” si no hay una continuidad. Contó que en el Chaco, aun con el intento de quebrar el derecho de huelga con descuentos y premios, los docentes salieron a marchar y que lo hicieron por cuenta propia, sin que las centrales nacionales los acompañaran con suficiente fuerza. Pidió colectividad, solidaridad, democracia y participación, y la capacidad de escuchar lo que no gusta. Y destacó un logro propio: en su provincia, el Frente del Arco Gremial Docente consiguió unirse y firmar comunicados conjuntos, algo, aseguró, que nunca se había visto en el Chaco.
La última palabra sobre el método la tuvo Clara Chevalier. Dijo que construir oposición a este gobierno no es sencillo, porque “va pateando los escenarios y los tableros” de maneras difíciles de prever con las herramientas tradicionales de lectura. Recordó que el paro es la herramienta histórica de la clase trabajadora, y que “nada se conquistó conversando amablemente con las patronales”: la paritaria es una discusión, y para dar esa discusión hay que acumular fuerza. Y entonces propuso una idea que quedó resonando. Hay algo muy dañino, planteó, en llevar la lógica del algoritmo a la política y a la acción colectiva. Lo ilustró con la marcha universitaria del 23 de abril, la primera gran marcha contra este gobierno, de una dimensión inédita desde el regreso de la democracia. Lejos de fortalecer, esa marcha se volvió un problema: era difícil volver a batir el número, y midiéndose con esa vara, la experiencia de estar juntos en la calle se convirtió en una fuente de frustración. “Hicimos la marcha más grande de la historia y sin embargo eso nos llenó de frustración y nos paralizó”, resumió.
Su propuesta fue correrse de esa lógica económica del cálculo y recuperar cierto arrojo, una construcción “un poco más artesanal”, “en el uno a uno, poniendo el cuerpo, encontrándonos”. Esa artesanía, dijo, es también la condición para disputar la digitalidad: un espacio en el que hay que estar, pero que debe disputarse desde el encuentro con otros. Como ejemplo de esa osadía, valoró la construcción del Frente de Sindicatos Unidos contra la reforma laboral, que se armó de a poco, discutiendo un documento en asamblea, sin medir costo-beneficio. Cerró con un deseo: que sea un año de articulación y de pelea conjunta, para poner un límite al gobierno y, a la vez, discutir aquello que consideran valioso para un proyecto de país “que valga la pena”.
Un cierre con perspectiva de género
Jazmín despidió el encuentro con una lectura optimista de un momento que describió como de crisis de la representación sindical, pero también de transformación: toda crisis, dijo, implica también un cambio. Agradeció a las tres dirigentes por “ponerle el cuerpo” y subrayó la importancia de la participación de las mujeres en el sindicalismo. En tiempos oscuros, en los que se ataca sobre todo a mujeres y a minorías, afirmó, la mujer trabajadora va a ser la que logre dar vuelta este escenario “tan injusto, tan desigual”, que busca además volver a injusticias fundacionales de la sociedad. La trabajadora, añadió, suele recibir un doble ataque, una interseccionalidad de violencias que es necesario visibilizar.
La conclusión de fondo que dejó el encuentro fue más política que contable: sin articulación, sin formación sindical y sin una disputa de sentido sobre lo que significa la escuela pública, ningún número alcanza.